Se fue con su carga
Murió Joe Paterno el pasado fin de semana. Este hombre, quien fuera entrenador durante más de 30 años del equipo de fútbol americano de la Universidad de Penn State, se fue llevándose encima la carga de no haber hecho más por defender a los niños de su comunidad de Jerry Sandusky, el asistente que durante años abusó sexualmente de ellos.
Paterno supo de los abusos muchos años antes de que estallara el escándalo en noviembre. Aunque denunció a Sandusky ante las autoridades universitarias, la duda lo hizo pecar de negligencia. No supo reaccionar de una manera vehemente y por ello no buscó llegar hasta el fondo de los hechos, indagando, preguntando, presionando. El, por su prestancia e influencia en la comunidad, ha podido lograr que Sandusky fuera judicializado hace mucho tiempo y desafortunadamente sólo fue que el caso se conociera públicamente para que empezaran a resultar otros hechos por doquier. Debió ser duro pasar sus últimos días enfermo de cáncer y con el dolor de saber que muchos niños sufrieron daños irreparables por su culpa.
Esa duda frente a la gravedad de un abuso sexual ha dejado miles de víctimas en nivel mundial y es precisamente lo que en Colombia debemos luchar por evitar. Según el Código de Infancia y Adolescencia, estos actos se abordan en el país ya “desde el plano de los derechos humanos, el derecho constitucional, las políticas públicas y fiscales y ya no desde situaciones irregulares” y es que claramente un abuso sexual a un niño o adolescente no es una situación irregular, sino una afrenta a sus derechos más fundamentales y un gravísimo delito con consecuencias físicas y síquicas.
Así como ahora la mal llamada ‘Ley Bolillo’ está dando tanto de qué hablar, debemos lograr evidenciar masivamente el proceso a seguir en casos de abusos físicos o sexuales a niños. Existe una línea gratuita del ICBF (01 8000 91 8080) para hacer denuncias, esta entidad se encarga de lo referente a los derechos de la niñez y el CTI de la Fiscalía debe proceder con las investigaciones y el proceso de judicialización. En cada localidad se puede reportar directamente a la Policía Nacional, la cual remite el caso a la Policía de Infancia y Adolescencia y ellos a su vez involucran el ICBF y el CTI.
El acceso a los medios para denunciar existe. Ahora lo fundamental es que se conozcan y sobre todo, que cada agencia involucrada obre como un conjunto, porque si falla el proceso, muchos más niños podrían ser victimizados.
@CarlinaToledoP
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