Columna El Nuevo Siglo Agosto 26 de 2011

Una limpieza profunda

“Para quienes vivimos en la ciudad hechos no son nuevos”

AFORTUNDAMENTE  frente a la grave crisis política que se desató el viernes pasado en Cali, los medios nacionales reaccionaron de una manera vehemente. Para quienes vivimos en la ciudad los hechos no son nuevos, es el pan nuestro de cada elección. Esta vez los protagonistas eran Rodrigo Guerrero y Susana Correa, a quienes les fueron invalidadas las firmas con las cuales inscribieron sus candidaturas a la Alcaldía y todo apunta a que este acto fue gestado de una manera premeditada desde la Registraduría.

Es posible que pocos recuerden que en las postrimerías de la pasada campaña, circuló una foto en la cual Jorge Iván Ospina, actual burgomaestre de la ciudad, aparece en una manifestación política rodeado por el ex gobernador Juan Carlos Abadía y el ex senador Juan Carlos Martínez. Esa imagen fue la prueba reina de que se había sellado el apoyo de esa ya famosa dupla al candidato Ospina.

Fue vox populi en Cali que esa Alcaldía se había ganado a punta de maletas y con un empujón de marca mayor en la Registraduría. ¿Qué pasó? Nada por supuesto. Eso era para el resto del país un problema de pueblo y los entes de control regionales miraron para otro lado.

El revuelo que se ha armado por la manera como se borró desde el interior de la Registraduría la aspiración de Guerrero y Correa demuestra que en el Valle la política todavía está doblegada y lo seguirá estando mientras no se controle la fuente. Se rumora que el aval del PIN a Edison Ruiz es una fachada y que lo que la dupla en realidad quiere es ubicar a la pesista Maria Isabel Urrutia (Polo) en el CAM. Además, en gran parte de los municipios del Valle se da por hecho que Héctor Fabio Useche (del MIO, el nuevo movimiento de Martínez) ya es Gobernador.

Independientemente de si se avalan la semana entrante las firmas de Guerrero y prosigue en su aspiración a la Alcaldía, la alerta para el resto del país está ahí: la Registraduría no es de fiar. El trasladar funcionarios o reubicar a los cuestionados como hace la Iglesia Católica con los curas pederastas, no es la solución a un lío de marca mayor como este. Se debe escarbar en la entidad hasta encontrar a los responsables de tantas irregularidades y que la justicia opere. Las elecciones no se pueden seguir definiendo en Colombia a punta de maletas repletas de dinero y funcionarios comprables en la Registraduría.
@CarlinaToledoP