Superemos el mamertismo
Al parecer lo que algunos en Colombia no han podido comprender es que la educación y la calidad de la misma es un tema que recorre de manera transversal todos los factores que inciden en el desarrollo del país. Evidentemente por eso el Presidente Santos ha beneficiado al sector (desde la primera infancia, hasta la educación superior pública) catalogándolo como prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo y se ha comprometido a invertir en él recursos significativos. En el programa De Cero a Siempre para primera infancia, la inversión será de 5.6 billones de pesos, para educación superior, de 2.4 billones.
En el caso de la universidad pública, para cualquier observador es obvio que los mencionados recursos no son suficientes para alcanzar el nivel de competencias requerido en variables clave como ciencia, tecnología e investigación. Debe ser prioritario preparar mejor a los futuros profesionales de tal manera que estén acorde con las necesidades de un país que busca ser altamente competitivo en el corto plazo. Ciertamente, los recursos estatales son limitados, aunque la voluntad del Gobierno sea grande.
La reforma a la ley 30 de 1992 es indispensable porque es desesperada la necesidad de permitir la llegada de inversión privada y la creación de universidades con ánimo de lucro. La ley, promulgada durante la presidencia de Cesar Gaviria, no por tener casi 20 años está trasnochada, todo lo contrario, es buena en el sentido que define claramente la naturaleza de la universidad pública y su misión dentro del contexto del desarrollo de la Nación. Sin embargo, y precisamente por la responsabilidad ineludible que tiene de formar profesionales de calidad, es que la ley 30 exige unas reformas específicas en los artículos que se refieren al régimen financiero y la acreditación. Nadie en su sano juicio podría afirmar que vaya a perjudicar la educación superior pública.
La Ministra de Educación ha obrado de manera responsable planteando la discusión al respecto, previo a la presentación del proyecto como tal ante el Congreso. Quienes han obrado de manera irresponsable con el país y consigo mismos son aquellos estudiantes que han salido a manifestarse de manera vehemente, seguramente sin haber leído una línea de la ley existente y mucho menos el detalle de la reforma propuesta. Claramente sería mucho más constructivo para el proyecto que formaran mesas de trabajo en las universidades y discutieran el tema con rigor académico y técnico. El resultado final contribuiría ciertamente a superar el inmovilismo que se mencionaba el pasado martes en perfil de este diario.
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